El pasado 16 de marzo del 2026, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 264 mediante el cual impuso un arancel del 35% a algunas importaciones de acero. Esta decisión, que marca un giro hacia políticas de defensa comercial más activas, busca darle un respiro y un nuevo impulso al sector siderúrgico y metalmecánico del país.

La implementación de un arancel del 35% sobre diversas importaciones de acero en Colombia constituye una medida de defensa comercial orientada a mitigar desequilibrios generados en el mercado internacional. Este gravamen aplica a 14 subpartidas arancelarias que incluyen barras, perfiles estructurales, tuberías, estructuras metálicas, tornillería y otros productos metalmecánicos, incrementando el costo de ingreso y nacionalización de estos bienes dentro del territorio aduanero colombiano.

Es importante destacar que la medida tiene carácter temporal, con una vigencia de doce meses desde su entrada en vigor. Finalizado este periodo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior evaluará los efectos reales sobre la industria nacional y el comportamiento del mercado interno.

Justificación del incremento arancelario

Diversos analistas identifican como factor determinante la dinámica productiva global liderada por China, país que concentra más de la mitad de la producción mundial de acero. La desaceleración de su demanda interna provocó excedentes productivos que fueron dirigidos hacia mercados internacionales, especialmente Latinoamérica, donde los precios llegaron a ubicarse hasta un 42% por debajo del promedio local.

Según lo establecido en el Decreto 264, la industria siderúrgica colombiana enfrenta una crisis estructural derivada del aumento acelerado de importaciones provenientes de países sin acuerdos comerciales vigentes con Colombia, entre ellos China, India, Turquía y Rusia. Entre enero de 2022 y agosto de 2025 se evidenció un crecimiento superior al 290% en algunas líneas de productos importados.

Adicionalmente, la reducción progresiva de los valores CIF de importación generó condiciones de competencia desfavorables para los productores nacionales. En ciertos segmentos, el acero importado llegó a representar entre el 80% y el 90% del total adquirido en el país, desplazando la producción local y comprometiendo la estabilidad laboral del sector.

Desde la perspectiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la decisión responde a un contexto internacional marcado por sobreoferta y distorsiones en la formación de precios, situación que ha llevado a numerosos países a adoptar medidas similares de defensa comercial en el marco de las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio.

Bajo este enfoque, la política arancelaria busca proteger el empleo, fortalecer la estructura productiva nacional y garantizar condiciones de competencia equitativas, reconociendo al acero como un insumo estratégico para la infraestructura, la transición energética y el desarrollo industrial.

Impacto económico y debate sectorial

De acuerdo con cifras oficiales, Colombia posee una capacidad instalada cercana a 2,6 millones de toneladas anuales de acero, aunque la producción efectiva se sitúa alrededor de 1,6 millones, lo que evidencia un potencial de crecimiento para sustituir importaciones y ampliar la oferta exportadora.

No obstante, la medida ha generado posiciones divergentes entre los gremios económicos. Mientras la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia respalda el arancel como mecanismo legítimo frente a prácticas comerciales consideradas desleales, el sector constructor, representado por la Cámara Colombiana de la Construcción, advierte posibles efectos inflacionarios en los costos de materiales, lo que podría trasladarse al precio final de la vivienda y a los proyectos de infraestructura.

El sector siderúrgico y metalmecánico es considerado estratégico por su aporte al empleo y su papel transversal en actividades como la construcción, la manufactura y el desarrollo energético. En este sentido, el Decreto 264 pretende equilibrar las condiciones competitivas frente a importaciones de bajo precio, salvaguardar la producción nacional y asegurar el suministro estable de acero para sectores clave de la economía.

Durante el periodo de aplicación del arancel se evaluará si la medida logra reactivar la industria siderúrgica colombiana o si, por el contrario, genera efectos restrictivos sobre la ejecución de proyectos de vivienda e infraestructura. Más que una política proteccionista permanente, la iniciativa busca preservar la capacidad productiva nacional, considerando que la siderurgia representa aproximadamente el 10% del PIB industrial, genera alrededor de 45.000 empleos directos e indirectos y sostiene la operación de más de 25.000 proveedores nacionales.